Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Las instituciones, empresas, profesionales, trabajadores y actores vinculados al sector forestal y maderero de Bolivia se encuentran en estado de emergencia ante las afirmaciones que, de manera generalizada e indiscriminada, pretenden atribuir responsabilidad al conjunto del sector por hechos actualmente sometidos a investigación en puertos internacionales.
Resulta jurídicamente inadmisible, técnicamente imprudente y moralmente reprochable construir una narrativa condenatoria contra toda una actividad económica sin la existencia de investigaciones concluyentes, procesos judiciales finalizados o responsabilidades individualizadas debidamente establecidas por autoridad competente.
La industria forestal boliviana constituye una actividad lícita que durante décadas ha generado empleo, divisas, desarrollo regional y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, cumpliendo exigencias ambientales, fitosanitarias, comerciales y de trazabilidad requeridas por los mercados internacionales.
Si existiera un nivel tecnológico para consolidar los hechos investigados por autoridades foráneas, deben ser esclarecidas con absoluto rigor científico, técnico y jurídico, identificando con objetividad a los responsables, sean personas naturales, empresas o estructuras criminales que eventualmente hubiesen utilizado ilícitamente cadenas logísticas internacionales para actividades vinculadas al narcotráfico.
El principio universal de responsabilidad personal impide que miles de productores, trabajadores y empresarios sean sometidos a una condena mediática colectiva por actos cuya autoría aún se encuentra en proceso de investigación.
La defensa de la legalidad exige perseguir a los responsables reales como, también respetar y proteger a quienes desarrollan sus actividades dentro del marco de la ley. Estigmatizar a todo el sector forestal constituye una devastadora afección económica y de imagen que pone en riesgo mercados internacionales, inversiones, empleos y la credibilidad de una actividad estratégica para el desarrollo nacional.
Bolivia merece investigaciones formales, transparentes y sustentadas en evidencia científica ostensiblemente evidenciable. Lo que no merece es que la especulativa sospecha sustituya a la prueba, ni que la generalización reemplace a la justicia.
El sector forestal y maderero boliviano demanda respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la individualización de responsabilidades, principios fundamentales de todo Estado de Derecho.
INFAME DIFAMACIÓN AL SECTOR FORESTAL Y MADERERO DE BOLIVIA