Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Resulta insuficiente —y políticamente débil— que el ministro Mauricio Zamora se limite a denunciar un complot de desestabilización. En un Estado que se respete, la denuncia no puede sustituir a la acción.
Si existen indicios de articulaciones destinadas a promover bloqueos, paralizar la economía o poner en riesgo la vida de los ciudadanos, corresponde activar de inmediato los mecanismos institucionales: investigación penal, inteligencia estratégica y operativos preventivos. La autoridad no se mide por la queja, sino por su capacidad de respuesta.
El cumplimiento de la propuesta electoral debe ejecutarse a cabalidad, “cárcel para quienes intenten paralizar con delictivos bloqueos la economía”, tolerancia “0” a intereses sectoriales. Los poderes del Estado deben actuar de forma integral: precautelar la República de infames intereses personales.
En ese marco, cualquier señalamiento que involucre al líder cocalero Evo Morales debe ser abordado con rigor: sin blindajes ni privilegios políticos. La ley no admite excepciones de facto ni jerarquías paralelas de obediencia. Cuando la percepción ciudadana apunta a que determinados actores operan al margen de las reglas, el Estado tiene la obligación de despejar toda duda con hechos verificables.
Asimismo, las denuncias sobre uso indebido o dilapidación de recursos públicos deben dejar de ser un rumor recurrente y convertirse en procesos transparentes de auditoría, investigación y, si corresponde, inflexiblemente sanción. La opacidad erosiona la confianza; la rendición de cuentas la reconstruye.
Bolivia no puede permanecer rehén del miedo político. Gobernar implica asumir costos, tomar decisiones y hacer cumplir la ley sin cálculos de conveniencia. La ciudadanía no espera advertencias: exige acciones concretas, oportunas y dentro del marco legal, con una premisa innegociable: la ley es una sola, y debe alcanzar a todos por igual.
ESTADO NO QUEJA