¿La Historia una debacle?

Bolivia no debe tolerar que la historia sea utilizada como coartada para encubrir hechos infames. Bajo una narrativa seudosocialista de supuesta reivindicación, se incubaron prácticas que hoy son señaladas por amplios sectores como una reedición del saqueo: ya no en nombre de una corona extranjera, sino bajo estructuras de poder interno que administraron —y en muchos casos comprometieron— los recursos estratégicos del país.

En este contexto, la exigencia nacional es categórica: todo aquel que haya participado, promovido o tolerado mecanismos de sometimiento económico, político o institucional debe responder ante la justicia con el rigor que la ley impone. La connotación no es de relatos épicos ni de construcciones discursivas; se trata de responsabilidades concretas, individuales e indelegables.

La coyuntura adquiere particular gravedad cuando los hechos alcanzan entornos cercanos al poder. En ese marco, la aprehensión de Marcelo Arce no puede ni debe ser tratada como un episodio aislado o menor. Por el contrario, corresponde que sea objeto de una investigación exhaustiva, transparente y libre de cualquier tipo de interferencia, garantizando que no exista blindaje político ni económico.

El Órgano Ejecutivo, en su condición de garante del funcionamiento del Estado, tiene la obligación de asegurar el desarrollo independiente de las investigaciones, sin interferencias que puedan comprometer su legitimidad.

Por su parte, el Ministerio Público, en ejercicio de la acción penal pública, debe actuar conforme a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, impulsando la investigación con base en elementos de convicción suficientes que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El Órgano Judicial, finalmente, tiene la competencia de emitir resoluciones fundadas en derecho, garantizando el respeto irrestricto al debido proceso y consolidando la verdad procesal a través de decisiones motivadas, imparciales y ajustadas al marco constitucional vigente.

Bolivia exige respuestas. Exige conocer si existen vínculos, responsabilidades o estructuras de mayor alcance detrás de estos hechos. Y exige, sobre todo, romper de manera definitiva con la lógica perversa de la impunidad selectiva que tanto ha erosionado la credibilidad institucional.

Porque cuando la corrupción —sobre todo aquella de magnitud estructural— es investigada, no solo se juzga a los implicados: se pone a prueba al Estado en su conjunto.

¡Hoy, Bolivia ya no calla!