Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Bolivia ha ingresado en una peligrosa distorsión de la realidad: celebrar el auto-daño como si se tratara de una conquista social. No existe racionalidad económica, ni criterio de Estado, que permita ponderar como “exitoso” un paro nacional que defenestra la producción, estrangula la logística y proyecta al mundo una imagen de ingobernabilidad crónica. Y, sin embargo, ocurre.
El propio discurso de ciertos sectores lo confirma. Un líder transportista, con preocupante ligereza, cataloga como “exitoso” el bloqueo de carreteras, como si la asfixia del país fuese una medalla y no una herida abierta. Ese relato no es inocente: instala la idea de que detener Bolivia es una forma legítima de negociación, cuando en realidad constituye una forma de coerción que somete a millones.
No transitamos una protesta cualquiera. Confrontamos un mecanismo de presión que toma como rehén el derecho al trabajo, la libre locomoción y la estabilidad económica de todo un país. Se bloquea carreteras, se interrumpe el abastecimiento, se paraliza los servicios, y aun así se pretende revestir de épica lo que en esencia es un acto de violencia. Brutal contradicción.
Mientras la Constitución reconoce el derecho a la libre circulación y al trabajo, en la práctica estos derechos quedan subordinados a la capacidad de presión de grupos organizados. La ley existe, pero su aplicación se diluye en el cálculo político. Y ese cálculo —silencioso pero determinante— termina siendo más poderoso que el propio Estado.
Más grave aún: durante campañas electorales se prometió con firmeza la penalización de quienes atenten contra la libre locomoción. Se habló de orden, de respeto a la ley, de poner límites a los abusos. Hoy, esa promesa se diluye frente a la conveniencia coyuntural. Lo que fue bandera electoral se convierte en letra muerta cuando ejercer la autoridad implica costo político.
¿Hasta cuándo se seguirá tolerando que unos cuantos paralicen un país entero?
¿Hasta cuándo el miedo a perder apoyo sectorial pesará más que el deber de gobernar?
¿Hasta cuándo Bolivia seguirá enviando al mundo la señal de que es un territorio donde la presión reemplaza a la ley?
Un Estado que no garantiza la libre locomoción renuncia, en los hechos, a su autoridad. Y una economía que se detiene por decisión de minorías organizadas deja de ser un sistema productivo para convertirse en un campo de disputa.
No es cuestión de negar el derecho a la protesta. Por el contrario es ejercer un límite claro: ningún derecho puede destruir a otro. Máxime cuando el costo lo paga todo el país.
Porque cuando bloquear se convierte en “éxito”, lo que realmente ha fracasado es el Estado.
CUANDO EL DAÑO SE DISFRAZA DE VICTORIA